Abogados locales siguen reclamando por el sistema informático del Poder Judicial
El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial (que reúne a los profesionales de San Rafael, General Alvear y Malargüe) enviaron en las últimas horas una nota a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en la cual pone de manifiesto los numerosos reclamos que han realizado respecto al funcionamiento del Sistema IURIX (el sistema informático mediante el cual se tramitan las causas judiciales), solicita la optimización del mismo y, a la vez, pide la suspensión de su puesta en funcionamiento en aquellos ámbitos donde aún no ha sido implementado.
Entre las deficiencias que observan los profesionales, se encuentran: la eliminación de las listas diarias en fuero de familia, caídas del sistema, dificultad para el seguimiento de los expedientes, falta de vinculación de expedientes, demora en el proveído de escritos, entre otros.
Textualmente, la nota reclama: “Para ser claros: el sistema NO funciona y NO es eficiente. Desde lo técnico podrá ser bueno, pero desde lo práctico NO, dejando a la luz que en su desarrollo no han intervenido abogados litigantes que conozcan el día a día del movimiento de expedientes”.
Según afirman desde el Colegio profesional, “todos estos temas hacen a la práctica y aquejan a todos los profesionales abogados y procuradores, son graves y atentan contra el servicio de justicia y el derecho del ciudadano al acceso a la justicia, a la celeridad y a la publicidad de los actos”.
“Entendemos que la implementación del sistema IURIX debe suspenderse, lo que así solicitamos, hasta tanto esté funcionando correctamente y se encuentren todos – abogados, procurados, jueces, funcionarios judiciales, empleados judiciales – debidamente capacitados. No se puede seguir trabajando de esta manera, porque se está atentando contra el acceso a una justicia rápida y expedita. Es imperativo suspender la implementación del IURIX, ordenar todo el funcionamiento del Poder Judicial, haciendo hincapié en que no se deben suspender plazos en ningún fuero ni juzgado por cuestiones que, de manera directa y/o indirecta, tengan relación con la implementación de este nuevo sistema, que, a la fecha, ha demostrado que no funciona”, concluye la nota.