Seguridad: Levrino quiere tercerizar la incorporación de 700 cámaras

El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, volvió este martes a la Legislatura, pero esta vez para defender el presupuesto de su área que para el 2022 será de unos $27.000 millones para repartir entre la Policía ($19.920 millones) y la Penitenciaría, a quien le tocaría $6.917 millones. Pero además de eso, adelantó un cambio sustancial en el manejo de la videovigilancia: pretende tercerizar la incorporación de 700 cámaras y su mantenimiento, es decir que el Gobierno no las comprará como hizo anteriormente, sino que contratará su uso y su cuidado.

Si bien el 80% de la pauta presupuestaria de Seguridad será para atender al recurso humano, principalmente a los 9.327 policías que hoy integran la fuerza, a los cuales esta previsto adquirirles 4.500 chalecos antibalas y 450 armas, que en principio estarían destinadas a los 450 nuevos efectivos que se sumarán en el 2022, uno de los puntos clave del presupuesto es el destinado a la videovigilancia.

Es que según adelantó Levrino, para el próximo año pretende contratar el servicio de videovigilancia y que la empresa aporte 700 cámaras y a la vez se haga cargo de su mantenimiento, ya que muchas dejan de funcionar por averías o son víctimas del vandalismo.

«Es un salto de calidad porque estas de estas 700 cámaras, 100 van a tener un identificador de patentes, que permitirá hacer un reconocimiento de matrículas que pueden tener pedido de secuestro por robo o por haber participado de un ilícito. Además a las otras 600 se le podrán cargar patrones de conducta que puedan disparar alertas, es decir si se busca un auto rojo por un robo, que cada vez que detecte uno active un alarma. Para eso queremos hacer una contratación del servicio integral, es decir que una empresa aporte las cámaras y por contrato se haga cargo del mantenimiento y en 24 horas tenga la obligatoriedad de repararla o ponerla en funcionamiento, según el desperfecto que tenga. Eso ahora nos lleva más tiempo repararla y perdemos vigilancia en esa zona», justificó Levrino.

Según aseguró el funcionario, esas 700 nuevas cámaras se repartirían en principio en la zona Sur y el Este, y luego reforzarían la zona del Valle de Uco y el Gran Mendoza.

«Se invertirá menos y se terceriza con empresas nacionales»

El titular de la bicameral de Seguridad, el senador Rafael Moyano, salió al cruce de la pauta presupuestaria para el ministerio de Seguridad y aseguró que «se sigue invirtiendo menos de lo que exige la realidad. Es una línea que se mantiene desde hace 6 años. Si uno lo mide teniendo como parámetro la inflación y el precio del dólar, la pauta es mucho menor», indicó el legislador del Frente de Todos.

Según remarcó el senador, luego de la presentación de Levrino y su jefe de Policía, Roberto Munives, él y sus compañeros de la bicameral quedaron preocupados: «porque quieren tercerizar el servicio de cámaras de vigilancia y el mantenimiento, según dijo Levrino ante la bicameral lo haría una empresa nacional, nos hace ruido que a ese servicio no lo pueda prestar una empresa provincial que genere empleo acá, y además seguimos con serias dudas por cómo se distribuye el personal en las comisarías, hay que decir que hay comisarías de Ciudad y Godoy Cruz que duplican la cantidad de policías que tienen las de Guaymallén», disparó.

Cambios en el 911 tras el crimen de Florencia Romano

Pese a que el mismo ministro aclaró que a los cambios en el Centro Estratégico de Operaciones, el CEO, más conocido como 911, «no los dispara un ministro, un legislador o una situación, sino una política de Seguridad», apenas avanzó en esas modificaciones pareció estar respondiendo a las demandas que surgieron tras el crimen de Florencia Romano.

En ese CEO, aseguró, «hoy hay un comisario general que es experto, y se incorporaron supervisores generales en cada turno y supervisores de sala que nos permiten tener el control de cada uno de los operadores«, insistió, casi como aludiendo en forma tácita al caso de la operadora del 911, Soledad Herrera, la auxiliar que cortó la llamada que alertaba el femicidio de Florencia Romano, ocurrido en diciembre de 2020.

Un día antes de la presentación del presupuesto de Seguridad, se iba a hacer la audiencia preliminar de forma virtual y en la misma, además del ofrecimiento de pruebas, Herrera hubiese podido reconocer los hechos y ser sometida a un juicio abreviado. La pena máxima para este delito es de 6 años de prisión, aunque en el caso de Herrera se trataría de una condena condicional de 3 años. Asimismo, podría quedar inhabilitada para ejercer cualquier trabajo en el Estado. Sin embargo, por objeción de la familia de Florencia, esa audiencia se suspendió, ya que ellos pedían que fuera presencial y poder participar.