Condenan a la DGE porque impidió trabajar a una docente por «sobrepeso»

La Justicia Civil condenó a la DGE a pagar $1.350.000 a una maestra a la que le negaron el certificado psicofísico para trabajar bajo el argumento de que tenía sobrepeso y problemas en las cuerdas vocales sin haber tenido en cuenta una batería de exámenes médicos.

También se tuvo en cuenta que esa decisión le impidió acceder a cargos suplentes y mejorar su sueldo con una extra «algo muy importante para los tiempos que vivimos».

La sentencia por violencia de género institucional corresponde al Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada y lleva la firma de la jueza civil Fabiana Martinelli, quien resolvió en favor de la demandante, Laura Martínez.

La jueza Martinelli, años atrás, en un acto en el Poder Judicial.

La jueza Martinelli, años atrás, en un acto en el Poder Judicial.

Los daños y perjuicios invocados se refieren a los problemas psicológicos que sufrió la docente luego del rechazo institucional para desempeñar tareas administrativas y docentes, algo que le había sido impuesto previamente.

Cuando en 2016 se le negó el certificado psicofísico, Martínez había superado problemas de las cuerdas vocales debido a un tratamiento con un otorrinolaringólogo y más aun: había bajado más de 10 kilos de peso por tratamiento con nutricionista. Sin embargo, para el área salud laboral del Gobierno escolar, la docente seguía sin ser apta para trabajar.

Durante la audiencia de este juicio civil, dijo Martinelli, «pude observar que la Sra. Martínez muy avasallada en su autoestima: era conciente de que tenía un índice de masa corporal superior al indicado como no patológico pero se presentó como una mujer lúcida, activa y que a la vista, no lucía imposibilitada para desempeñar ninguna tarea».

«El índice de masa corporal por sí solo no basta de ninguna manera para determinar la existencia de patología de obesidad, siendo necesarios otros parámetros y estudios que no han sido realizados a la actora o por lo menos, no consta que hayan fundado la no aptitud declarada».

La docente fue representada por los abogados Carolina Jacky y Carlos Lombardi.

La DGE tiene 10 días hábiles para abonar $1.350.000 a la demandante aunque se descuenta que apelará en la próxima instancia prevista por la ley.

Consideró la magistrada que «la duplicidad de no aptos (dispuesto por Salud Laboral de la DGE) para tareas docentes y administrativas implicó también, en la Sra. Martínez, la preocupación de no poder obtener el cambio de funciones previsto en la legislación para los docentes con patologías específicas».

También afectó las posibilidades de progreso en la estructura educativa provincial: «No puedo olvidar, además -dijo la jueza Martinelli- que durante largos períodos no ha podido acceder a cargos docentes suplentes, que además le redituaban un salario extra muy importante en los momentos en que vivimos».