Si se cae Portezuelo del Viento, Suarez tiene un banco de obras hídricas como alternativa

Nadie lo dice abiertamente, pero la dilación del laudo presidencial que permitiría adjudicar la obra de Portezuelo del Viento y que ya se demoró más de 14 meses, huele a que la megapresa de Malargüe, cuestionada por La Pampa, puede caerse. Y esa sola posibilidad obliga al gobernador Rodolfo Suarez a analizar otros destinos para esos U$S1.023 millones que tendrá disponibles. Entre las alternativas que baraja figuran construir el dique El Baqueano, en San Rafael.

Otra chance es destinar esos fondos a una serie de obras hídricas proyectadas en varios sectores productivos de la provincia, que comprenden la impermeabilización de grandes canales como el Cacique Guaymallén y otros tantos, para mejorar el aprovechamiento del agua.

La habilitación jurídica para que Suarez pueda destinar esos fondos a otras obras que no sea Portezuelo del Viento, ya están dadas en la letra chica del acuerdo que firmó el exgobernador Alfredo Cornejo con el Estado nacional el 13 de junio del 2019.

Los proyectos y anteproyectos ya están en el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) que creó el mismo Suarez, y los aportó en su momento Cornejo.

«Creemos que el problema más grave y urgente que Mendoza tiene hoy es el del agua. Hay otros que nos agobian, pobreza, inflación, falta de crecimiento, pero el único que depende su solución únicamente de nosotros es el agua» resalta como argumento del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico que analiza la comisión de Agua y Saneamiento del CEAS.

Por estos días, la viabilidad y pertinencia de esas obras son analizadas por referentes de AYSAM y del Departamento General de Irrigación. De hecho, algunas de ellas serían la continuidad de obras anteriores que ya comenzó Irrigación, y es por eso que en ambos entes entienden que ayudarían a mitigar la crisis hídrica que padece Mendoza desde hace 12 años.

Un ejemplo de continuidad y proyección es la impermeabilización del canal Cacique Guaymallén, cuya obra llegó hasta Godoy Cruz, pero es necesario que se continúe, sobre todo en el tramo que va desde la rotonda del Avión hasta Lavalle, en donde se pierde gran parte del caudal que lleva.

Otro podría ser ampliar el almacenamiento de agua para el cinturón verde productivo que se traza entre Guaymallén, San Martín y Lavalle. En la zona se construyeron 5 grandes piletones para almacenar agua, pero sería necesario incrementar esa capacidad.

Según consta en el documento que se analiza en el CEAS, las obras proyectadas son de ejecución a largo plazo. De hecho el principal objetivo que consta en el documento es: «Elaborar un Plan de Gestión Integral para alcanzar la meta de la Seguridad Hídrica en Mendoza que promueva las bases de la política hídrica de la provincia para los próximos 10 años, basado en el uso eficiente, la equidad, el desarrollo local y la sostenibilidad ambiental.

Además no son obras que se puedan ejecutar todas a la vez, primero porque no existe en la provincia una empresa con la capacidad para hacerlo, y después porque para lograrlo el Estado deberá apelar a conseguir otro financiamiento que sirva para terminar de costearlas, ya que el cálculo total del banco de obras supera el financiamiento previsto para Portezuelo del Viento.

El plan pone la lupa en los principales ríos

Según detalla el documento durante los últimos 10 años, la región viene sufriendo una disminución paulatina del caudal de sus ríos, fruto del calentamiento global y la reducción nívea. En el caso de Mendoza, según datos del Departamento General de Irrigación (DGI), se llega a la peor situación hídrica de los últimos 33 años, con el 30 % menos de agua que el promedio histórico.

Justamente por eso, ese plan que se basa en las obras planificadas por Irrigación avanza en el revestimiento y entubado de varios canales y sistemas hídricos para mejorar aquella situación hídrica de los ríos Mendoza, Tunuyán Superior e Inferior, Diamante y Atuel que en total calcula un costo que supera los U$S 230 millones.

Así por ejemplo, del Río Mendoza, prevé mejorar los sistemas de Jocolí y Tulumaya, y la modernización de Luján oeste, y Agrelo-Perdriel, además de mejorar el reservorio del canal Cacique Guaymallén con un costo estimado de U$S76.887.000.

Otro tanto prevé para el río Tunuyán inferior, con mejoras en el canal Santa Rosa-La Paz, canal Reducción Los Andes y rama Chimbas, a lo que se destinaría U$S 33.700.000.

Los objetivos de la nueva política hídrica

1. Propiciar un aprovechamiento eficiente y racional del recurso hídrico.

2. Tender a la realización del uso múltiple, armónico y coordinado del agua.

3. Compatibilizar el aprovechamiento del recurso hídrico con el uso y conservación de los demás recursos naturales y el hábitat humano.

4. Evitar o disminuir los efectos nocivos causados por las aguas y preservar la calidad del recurso hídrico y luchar contra la

contaminación.

5. Buscar su disponibilidad constante y oportunidad en la entrega.

6. Promover el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales subterráneas.

7. Realización de los Balances Hídricos del agua superficial y subterránea

8. Formular un régimen de prioridades adecuado.

9. Centralizar la administración integral del recurso hídrico, descentralizando la gestión por usos y la faz operativa del servicio.

10. Establecer mecanismos de coordinación entre los organismos públicos, semipúblicos y privados con injerencia directa o tangencial en el recurso hídrico.

11. Incentivar la participación activa y responsable de los usuarios y ciudadanos en la gestión hídrica.

12. Conformar organismos encargados de la administración de las cuencas hidrográficas.

13. Evaluar en forma dinámica y actualizada los recursos hídricos, a través de un Banco de informática de datos.

14. Recrear la conciencia hídrica, a través de programas educativos y culturales en la materia.

15. Aumentar la inversión pública y privada en el mantenimiento y construcción de obras hidráulicas.

16. Lograr la incorporación de nuevas tecnologías en el sector.