Declararon los jóvenes agredidos por la Policía en Godoy Cruz y buscan individualizar a los efectivos

Hace dos semanas, un operativo policial que buscaba desbaratar una fiesta que había sido denunciada por ruidos molestos en Godoy Cruz terminó con violentas escenas y seis detenidos. El escándalo, que incluyó un puñado de videos que graficaron lo ocurrido, derivó en una causa penal que ha tenido importantes avances en los últimos días y que podría complicar a los uniformados.

Lo que debía ser una reunión de jóvenes para presentar un nuevo clip musical del rapero Donturco terminó en un procedimiento con la actuación de varios policías y la detención de seis personas. La fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Andrea Lazo quedó a cargo del expediente que ya dio sus primeros pasos y podría derivar en imputaciones con los efectivos policiales.

Luego de varias citaciones, las víctimas se presentaron a declarar en la causa y brindaron detalles sobre sus versiones sobre el operativo ocurrido en Godoy Cruz. Se trata de los seis jóvenes que quedaron detenidos en distintas comisarías esa noche

Los denunciantes también presentaron algunos certificados médicos en busca de constatar las lesiones que sufrieron -una de las chicas aseguró tener 16 hematomas-, aunque esto debe ser confirmado por las pericias del Cuerpo Médico Forense (CMF). En paralelo, por estos días se están incorporando los videos que se filmaron durante el operativo con teléfonos celulares.

Fuentes judiciales detallaron que en los próximos días se buscará avanzar con la individualización de los policías y luego se definirá si son imputados y bajo qué calificación. En este último punto el abanico es amplio ya que podría variar desde penas excarcelables hasta duras condenas.

En caso ser imputados, la mejor situación para los policías sería bajo la figura de lesiones leves en exceso del cumplimiento del deber, que prevé de 1 mes a 3 años de cárcel. Sin embargo, el abogado querellante Alfredo Guevara adelantó que buscarán la calificación de apremios ilegales -de 1 a 5 años- o de tortura -de 8 a 25 años-. En ese último caso, solicitarán la detención de los uniformados.

Mientras la causa penal busca su rumbo, en la Inspección General de Seguridad (IGS) se avanza con la investigación administrativa que ya determinó en forma provisoria la suspensión de dos efectivos durante 30 días.

Por otro lado, este viernes se realizará una «marcha pacífica» reclamando «basta de violencia institucional y basta de represión». La convocatoria fue realizara para las 18 en la intersección de San Martín y Garibaldi.