El Gobierno precisó los criterios que utilizaría para avanzar con la quita de subsidios al consumo de gas y electricidad para los usuarios residenciales de mayor capacidad de pago. La semana próxima —los días 10, 11 y 12 de mayo— se llevarán a cabo las audiencias públicas para la actualización de tarifas y la segmentación de subsidios, según ubicación y capacidad de pago de los usuarios.
En las dos primeras audiencias se tratarán los precios del gas natural a nivel nacional y de la energía eléctrica para el Área Metropolitana de Buenos Aires (donde operan Edenor y Edesur). En la tercera, el 12 de mayo, como novedad, se presentará un informe técnico elaborado por la Secretaría de Energía donde se identifican los criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios.
Comenzarán a pagar la tarifa plena los titulares del servicio con alto poder adquisitivo: usuarios con ingresos de más de $300.000
Como adelantó Infobae, de acuerdo al esquema que presentará la Secretaría de Energía, comenzarán a pagar la tarifa plena los titulares del servicio con alto poder adquisitivo: usuarios con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $313.915 con los datos de marzo), que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.
Según el informe, el mecanismo de segmentación de los subsidios energéticos residenciales permitirá identificar al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago y se utilizará la información relativa al patrimonio y los ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
En el caso de los grandes centros urbanos, también se tomará en cuenta la ubicación geográfica, de acuerdo a la segmentación de subsidios elaborada en conjunto por el ENRE y el Conicet de acuerdo a los precios por metro cuadrado de venta para inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y de la valuación fiscal en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el informe advierte que dentro el criterio geográfico es posible de aplicar en ámbitos como el AMBA, con alta densidad poblacional y “relativa homogeneidad socioeconómica agrupada en polígonos”, pero difícil en el resto del país.
Como resultado del cruce de la información, se estimó que 921.778 titulares, en el caso de la energía eléctrica, y 760.600 titulares, en el caso del gas residencial, se encuentran incluidos dentro de los parámetros definidos para tener una reducción de los subsidios. Más adelante, según el documento, se podría avanzar en otros criterios como el nivel de consumo de energía.
Con todo, también se advierte que hay varias razones por las se puede incurrir en errores para determinar la quita de subsidios: la titularidad del servicio puede no coincidir con las personas usuarias por no haberse realizado el cambio de titularidad, el titular puede haber fallecido o ser inquilinos del inmueble. También las condiciones económicas del titular pueden haber cambiado. Por eso, se prevé que haya algún mecanismo ágil de reclamo a través de un formulario web o una central telefónica.
En tanto, los usuarios que mantendrán sus subsidios son:
– Las personas que vivan dentro de barrios identificados por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares)
– Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
– Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
– Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
– Los titulares de programas sociales, trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, titulares de certificado de discapacidad.
En este segmento, quedarán excluidos quienes sean propietario de dos o más inmuebles, de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y quienes tengan más de un suministro bajo su titularidad.
En el caso del gas, el ajuste promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5% (con variaciones según las regiones). Mientras que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excepto beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían un aumento promedio de 17%.
¿Cuáles serán los aumentos a partir de junio?
Como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se determinó un esquema de aumentos escalonado. El 10% de los usuarios identificados como de mayor poder adquistivo, dejarán de recibir subsidios y deberán afrontar la tarifa plana.
En segmento medio, en tanto, tendrá un aumento anual total en la factura equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior. La variación salarial de 2021 fue de 53,4%, por eso, para este año la actualización de las tarifas eléctricas debería ser de 42,7%. Pero a este porcentaje hay que restar la actualización tarifaria de marzo último.
En el caso del gas, el ajuste promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5% (con variaciones según las regiones). Mientras que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur —excepto beneficiarios de tarifa social— las facturas de luz tendrían un aumento promedio de 17 por ciento.
Para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será igual al equivalente al 40% del CVS del año anterior, un 20,5%. Para los usuarios de la red de Edenor y Edesur que están en esa condición el ajuste no superará el 6%. En el caso del gas, no tendrán aumentos.
