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Rodolfo Suarez pretendió continuar achicando el Estado mendocino pero la pandemia se lo impidió

Entre las materias pendientes al final de su gestión, el gobernador Rodolfo Suarez podría anotar aquel objetivo de achicar el enorme Estado, reduciendo la cantidad de empleados públicos, línea que le marcó su antecesor Alfredo Cornejo que terminó el 2019 jubilando a más de 2.000 empleados públicos y concluyó su gestión con una planta estatal que tenía 8.000 estatales menos de los que recibió.

Es que a esa política la pudo mantener escasos dos meses, porque luego la pandemia del Covid le cambió todos los planes. En ese 2020 el encierro del aislamiento obligatorio que dispuso la Nación hizo que organismos como ANSES redujeran la atención y eso impactó directamente en el ritmo de las jubilaciones que pudieron iniciar los estatales mendocinos.

Las cifras hablan por sí solas. En ese inesperado año 2020 sólo se jubilaron 1.062 empleados públicos de Mendoza, apenas poco más de la mitad de los que habían pasado a pasiva el año anterior.

Una vez que esa atención se fue normalizando, comenzaron a reactivarse varios de aquellos trámites, y el 2021 cerró con un número similar a la época de pre pandemia: 1987 jubilados.

“Estamos recuperando el ritmo y el nivel de jubilaciones de antes de la pandemia, y eso es saludable porque redunda en un achicamiento del Estado, que prueba que puede ser eficiente y brindar servicios sin estar desbordado”, lanzaron desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, mirando los números.

Pero el achicamiento del que hablan no se materializó como esperaban. De 3749 empleados que se jubilaron en Mendoza desde enero del 2020 a marzo del 2022, el Estado sólo redujo 250 cargos, el resto eran cargos de servicios esenciales que debieron reponerse, o las bajas se cubrieron con nombramientos que forzó la misma pandemia.

En tanto, en el primer cuatrimestre del 2022 aquel nivel de jubilaciones se retomó ya que pasaron a pasiva unos 700 empleados estatales, lo que hace que en Casa de Gobierno proyecten que de mantenerse ese ritmo, este año sean unos 2.100 los estatales que dejen la planta de empleados públicos.

Cómo se achicó el “Estado bobo”

Una de las muletillas que repetía Alfredo Cornejo cuando era gobernador, era que le quitaba el sueño convertir al “Estado bobo” que dijo recibir en uno eficiente y para eso, según su postura debía reducir una planta estatal que recibió con más de 103.000 empleados públicos.

Cuando dejó Casa de Gobierno, esa planta contabilizaba poco más de 95.000 estatales.

Para llegar a ese número no sólo implementó el régimen de jubilaciones anticipadas, instó a los estatales que estuviesen en condiciones de pasar a pasiva, en cantidad de años de aporte y por edad, concluyeran el trámite y creó la Oficina de Sumarios, con la que estableció un nuevo régimen general y disciplinario para la administración pública.

La reducción más grande vino de jubilaciones en los cargos administrativos, que fueron cargos que no se renovaron sino que se saldaron con nuevas tecnologías. Ese es el caso de ATM en donde se dio una reducción importante de personal que estaba para jubilarse y hoy varios de los trámites que antes se hacían de manera presencial se hacen de forma virtual”, ejemplificó el ex ministro de Hacienda, Lisandro Nieri (que lideró el área de Gobierno en la gestión de Cornejo) quien hasta que dejó el cargo para ser diputado nacional, chequeaba a diario el avance de la nómina de personal.

El ex funcionario de Cornejo y Suarez, apeló al ejemplo de ATM, porque tiene claro que muchos de los estatales que se jubilan son trabajadores esenciales, de áreas como la Dirección General de Escuelas, del Ministerio de Salud y de Seguridad (policías y peniteciarios) cuyos cargos no pueden dejarse vacíos, sino que deben reemplazarse cada vez que alguno de ellos pasa a pasiva.

El efecto pandemia en el pase a planta estatal de empleados de Salud

A la hora de encontrar explicación a la baja reducción de la planta estatal en estos poco más de dos años, desde el Gobierno vuelven a echar mano a la pandemia. Aseguran que desde marzo del 2020 el Covid los obligó a reforzar distintos servicios de salud y para eso se debió pasar a planta permanente a personal sanitario que hasta ese momento hacía prestaciones.

El Hospital Central sumó 13 nuevas camas UTI. Estuvo la ministra Ana María Nadal.

Sin embargo, ese pase a planta no arrancó a la par de la pandemia, sino que surgió fruto de varios tironeos con los gremios y recién en noviembre del 2020, el Gobierno anunciaba que empezaban a ser empleados estatales 33 prestadores de salud. En ese momento se promocionó que serían 3.000 los trabajadores que se sumarían a la planta estatal, pero admitieron que ese lento camino se comenzaría con 120 profesionales nucleados en Ampros y otros 120 afiliados a ATE Salud.

«De aquel número que siempre manejó el Gobierno de 3.000 prestadores, aún deben quedar unos 300 prestadores, entre profesionales y personal de salud en general, sin pasar a planta estatal, porque es verdad que hay un desfasaje en el proceso de jubilación, que hasta antes de la pandemia tenía un ritmo y luego se hizo más lento», confirmó Rodrigo Dominguez, secretario gremial de Ampros.

Otra situación similar, aunque de un impacto mucho menor, podría darse si el Estado logra que los anestesistas acepten pasar a planta, algo que de concretarse podría sumar a otros 68 profesionales a esa masa estatal.

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