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A más de un año de la ley del aborto, no hay números oficiales sobre esa práctica en Mendoza

Hace un año y cuatro meses, en Argentina se permite por ley la realización de un aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación. Desde entonces, las consultas y las prácticas se han hecho habituales en Mendoza, aunque desde el Ministerio de Salud no brindan números oficiales.

La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo se sancionó en diciembre del 2020 y entró en vigencia el 24 de enero de 2021.

A través del programa de Salud Sexual y Reproductiva (PSSyR), en Mendoza se lleva un registro, departamento por departamento, de todas las prácticas que se realizan pero, según indicó a Diario UNO la doctora Valentina Albornoz, coordinadora de la implementación de IVE, «aún estamos recabando de manera virtual la información» por lo que, por ahora, no se puede conocer a ciencia cierta, al menos públicamente, cuántos son los abortos que se han realizado en la Provincia. A ese número, prometieron, se podrá acceder «cuanto antes».

Justamente éste es uno de los reclamos que realiza Libera Abogacía Feminista. La abogada Florencia Alderici, una de las representantes de aquella asociación civil sin fines de lucro que acompaña a personas gestantes ante obstaculizaciones a la hora de practicar un aborto legal, aseguró a este diario, que han observado «irregularidades».

Trato digno y cumplimiento de plazos, dos de las principales críticas a la aplicación de la ley IVE

La abogada Florencia Alderici reclama particularmente, en nombre de la fundación, que en Mendoza no siempre se cumple con el plazo de 10 días previsto por la ley del aborto para acceder a la interrupción del embarazo. «No les dan turno para ese plazo», asegura y es entonces cuando con su fundación entran en acción.

Albornoz confirma que en ocasiones se ha extendido el plazo pero que la flexibilidad se da en casos concretos, justamente para asegurar el procedimiento, porque muchas veces el embarazo es de muy pocas semanas y crecen así las chances de que la práctica no sea efectiva.

«Otras veces las demoras se dan porque la propia paciente se retrasa a la hora de hacerse los estudios necesarios», dice la coordinadora IVE en Mendoza.

Pero en lo que ambas coinciden es en el deber de garantizar el trato digno que la ley exige. «El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar», marca la normativa pero no siempre se cumple con ello.

El 30 de diciembre de 2021 se sancionó la ley IVE de aborto legal, seguro y gratuito. Se publicó el 15 de enero y comenzó a regir el 24 de ese mes.Foto: Martín Pravata

«Pasa que en el hospital hay quienes ejercen su objeción de conciencia sin tener derecho a ello, desde el que atiende en mesa de entrada hasta la enfermera», ejemplifica la abogada Alderici.

«Incluso ecografistas les ponen el sonido del latido del corazón para que lo escuchen y las enfermeras se acercan mil veces para intentar convencerlas de no abortar», cuenta sobre casos concretos que ha acompañado. «Todo eso es violencia institucional«, denuncia.

«Es uno de los principales desafíos», reconoce Albornoz desde el Gobierno. «Que se garantice la confidencialidad para que la usuaria confíe, que se le dé un trato digno y que se haga lo que la paciente quiera», agrega.

Y deja bien en claro que «quien recibe a la paciente, el médico de la consulta, el ecógrafo, las enfermeras no pueden ser objetar la conciencia». Solo puede hacerlo, por ley, el profesional que realiza la práctica.

«Ese es el gran trabajo del Estado: capacitar a los efectivos de Salud para que se paren desde el lugar que se les pide desde la Salud Pública», afirma Albornoz.

La descentralización de la práctica del aborto, el desafío actual del ministerio de Salud

El hospital Lagomaggiore de la Ciudad de Mendoza se ha transformado, desde la entrada en vigencia de la ley, en el principal centro de aplicación del aborto voluntario.

Por las urgencias de la pandemia, por la falta de atención en los centros de salud, por las demoras de las prepagas y porque es el que más rápida y efectiva solución brindó desde el comienzo, las personas gestantes acuden allí como primera y casi única opción.

Desde el Gobierno insisten en que no hay una saturación pero sí en que es «momento de virar a la demanda de salud espontánea en los centros de salud». Incluso no solo respecto de la práctica del aborto sino del sistema en general, como ya lo anunció la ministra Ana María Nadal en lo que llaman una nueva etapa con pandemia controlada.

El objetivo, afirma la coordinadora de IVE, es que sean los centros de primera atención los que realicen las prácticas, dado que es autosuministrable y ambulatoria, y que hospitales como el Lagomaggiore reciban aquellos casos que requieran internación.

El Lagomaggiore es el principal centro de aplicación de la ley del aborto en Mendoza. El objetivo de la cartera sanitaria es que los centros de Salud tomen mayor protagonismo.

Por lo pronto, saliendo de la Ciudad de Mendoza, en otros tres hospitales públicos están aseguradas las prácticas: los casos del Este son derivados al Paroissien, los del Valle de Uco al Scaravelli en Tunuyán y los del Sur al Enfermeros Argentinos de General Alvear.

Misoprostol, legrado y AMEU

Al sancionarse la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Mendoza se adecuó a la norma derogando la restricción a la compra de Misoprostol que existía en la Provincia.

Esta píldora abortiva es un método seguro y es el más recetado por los médicos para interrumpir un embarazo. Después de ciertos pasos y estudios que son necesarios, se cita a la paciente para que retire su pastilla y se la autosuministre.

Es lo más práctico y más habitual pero su efectividad es del 85%.

Existe un método superior, en seguridad y en efectividad (98%), que es el AMEU o aspiración manual endouterina. Este proceso también se aplica en la Provincia pero para casos concretos y debe hacerse en el consultorio y con los profesionales.

Tanto el ministerio de Salud como las organizaciones internacionales recomiendan que estas dos técnicas sustituyan el Legrado Uterino Instrumental (LUI), hoy por hoy considerado incluso como una forma de violencia de género.

Valentina Albornoz puso en valor al AMEU y lo tomó como otro de los desafíos del ministerio de Salud provincial en este proceso de aplicación de la ley IVE. «Estamos trabajando para equipar a los profesionales para salir del legrado e ir hacia la AMEU», dice ante otra de las críticas que llegan desde la Fundación Libera Abogacía Feminista por su falta de aplicación.

Y el día después, qué

El Estado debe garantizar no solo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (con análisis de sangre, ecografías y estudios sobre coagulación previos), sino también la conserjería interdisciplinaria y a la atención postaborto.

Así como en la previa se debe informar a la persona paciente, se la debe escuchar, y brindarle atención médica, después de la práctica se deben cumplir las mismas condiciones.

El profesional debe citar a la persona gestante para hablar y asegurarse de que haya salido todo bien y tiene la obligación de brindarle una charla sobre anticoncepción.

Esta atención puede realizarla el médico del centro de salud.

Si la práctica fue mediante medicamentos, a los 10 días de realizado el aborto, se le debe realizar a la persona una ecografía para confirmar que el aborto se realizó. El Estado debe garantizar los turnos para la misma, hecho que en el día a día, denuncian desde Libera Abogacía Feminista que no siempre se cumple a tiempo.

Pedidos de informes por la aplicación de la ley del aborto

Respecto de las obstaculizaciones y las irregularidades en el cumplimiento de la ley que han observado, las abogadas de Libera Abogacía Feminista han oficiado informes al ministerio de Salud de la Provincia junto a Amnistía internacional pero estos no han sido respondidos exhaustivamente, dice Alderici.

El organismo internacional de derechos humanos es, en caso de que correspondiera, el encargado de continuar el reclamo por recurso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia.

El equipo de Libera Abogacía Feminista. Florencia Alderici, segunda de derecha a izquieda.

Quien se ha sumado a estas solicitudes para conocer el estado de aplicación de la ley IVE en Mendoza es la diputada provincial por el PJ Laura Chazarreta a través de la vía formal de la Legislatura.

La legisladora ingresó por mesa de entrada la semana pasada un pedido de informes dirigido a la OSEP con algunos puntos referidos al protocolo, a las campañas de difusión y a la capacitación a los prestadores de Salud. Si obtiene los votos suficientes, el proyecto de resolución será aprobado para quedar a la espera de la respuesta oficial.

«Es importante profundizar los esfuerzos del Estado y de las jurisdicciones provinciales y locales para velar por el efectivo ejercicio de este derecho humano; principalmente para garantizar el acceso a la información, el trato digno, de calidad de atención, la privacidad, confidencialidad y el respeto por la autonomía de la voluntad de las personas», dice Chazarreta como argumento para su pedido.

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